M. Fossas Real

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En el último siglo, a raíz de una serie de acontecimientos históricos, como la primera guerra mundial, la gran depresión (1929) y la segunda guerra mundial, se inicia, por influencia del pensamiento de algunos economistas, el llamado Estado de bienestar en los denominados países desarrollados (Europa y los EE.UU.).

El Estado de bienestar, gracias a los ingresos del estado obtenidos mediante los impuestos, supone la creación de políticas públicas que permitan dar a sus ciudadanos una forma de vida satisfactoria a través de servicios y garantías sociales: educación, sanidad, pensiones o subsidios de desempleo por citar las más destacadas.

Nuestra situación actual inicia su andadura en la década de los 80. La corriente de pensamiento neoliberal conduce a una reducción del estado en la función pública y a un desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar, así como a una desregulación del mercado financiero que se erige como único gobernante.

En nuestro entorno, la crisis se ha visto agravada por un crecimiento en falso, basado, no en el conocimiento y en la creación de empresas con valor añadido, sino en una economía especulativa y destructiva que sólo ha traído mano de obra no cualificada, en lo que se ha denominado “burbuja inmobiliaria”. La consecuencia ha sido el hundimiento del sistema bancario español, gran responsable de la misma, y la salida al rescate del Estado.

En Cataluña, a la burbuja inmobiliaria hay que sumarle el déficit crónico de financiación, hecho que nadie pone en duda. Sin embargo, las directrices en materia sanitaria de los últimos años no parece que respondan a una planificación sanitaria pública y tampoco al binomio población-territorio, sino más bien a una privatización solapada. La consecuencia es una situación insostenible, que ha obligado al recorte en recursos humanos y materiales, a la reducción de salarios, a la implementación de copago y quizás en un futuro a una revisión del catálogo de prestaciones. Nuestra sanidad, considerada una de las mejores del mundo, ha estado siempre mal financiada con un catálogo de prestaciones extenso, salarios del estamento médico bajos y prestaciones farmacéuticas que no se basan en la renta. A ello, se suma el turismo sanitario de los países desarrollados de nuestro entorno.

La pregunta es: ¿qué hacer? En mi opinión, establecer qué tipo de política sanitaria se desea y de qué financiación se dispone. Tal vez, reconocer que han habido decisiones equivocadas y corregirlas en la medida de lo posible, aún a riesgo de incumplir compromisos. Rediseñar algunas políticas sanitarias como las prestaciones farmacéuticas en función de la renta. Mantener la cartera de servicios pero adecuarla al binomio población-territorio. Crear nuevos modelos de atención sanitaria y criterios de planificación. Todo ello con el fin de maximizar la eficiencia. Y así mismo, a pesar de que la salud y la sanidad son derechos universales, las autoridades sanitarias deben realizar pedagogía para que la ciudadanía haga un uso responsable de aquélla.

En definitiva, es deseable que una sociedad defina bien qué tipo de Estado de bienestar desea, de qué presupuesto dispone para financiarlo y la necesidad de un liderazgo fuerte para desarrollarlo.